La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético vuelve a denunciar a España ante la Comisión Europea por su política antirenovable
La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético presentó ante la Comisión Europea una denuncia contra España por infracciones derivadas de la falta de competencia en el sector eléctrico y el retraso en la implementación de la normativa europea sobre mercado interior.
La denuncia, preparada por los abogados de Holtrop S.L.P., es la cuarta de una serie de 6 denuncias contra España, que se han presentado a lo largo de este año ante la Comisión Europea, por los incumplimientos de varias disposiciones de derecho europeo en la normativa que regula el sistema eléctrico español (y energético en general).
España, debido al retraso en la implementación de la Directiva 2009/72/CE, todavía permite que el mercado de la energía eléctrica continúe funcionando de forma oligopolística, lo que repercute en que los consumidores paguen la tercera electricidad más cara de la Unión Europea, lo que resulta muy dañino para la economía española y supone el incumplimiento del Derecho de la UE, en especial las normas de derecho de la competencia y el mercado interior.
Mediante esta denuncia la Plataforma pretende instar a la Comisión Europea a que inicie un procedimiento de infracción contra España por violación de la Directiva 2009/72/CE, por no garantizar la separación efectiva entre empresas de generación, distribución y comercialización de electricidad y por violación del artículo 56 del TFUE, y de la Directiva 2009/72/CE, por las restricciones existentes para la prestación de los servicios de generación, distribución y comercialización de energía.
Además, según los abogados de la Plataforma, la falta de libre competencia en el mercado eléctrico español comportaría una violación del artículo 106 del TFUE.
Finalmente, el nuevo regulador único introducido en España no garantiza una autoridad reguladora independiente que controle y supervise el mercado eléctrico, por lo que volará en la Directiva 2009/72/CE.
En el caso de que la Comisión Europea considere que puede haber una violación del derecho comunitario, comenzará un procedimiento de infracción en fase informativa, requiriendo información a España, que deberá contestar en un plazo no superior a 10 semanas.