La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético detalla el estado de su denuncia ante la Fiscalía que supondría el mayor caso de corrupción de la historia de España

No cabe suponer olvido o negligencia, sino decisión política, en la presunta prescripción de la devolución de 3.400 millones de euros.

El importe sería suficiente para erradicar el componente eléctrico del problema de la pobreza energética en España durante más de 4 años

Las centrales afectadas siguen cobrando en la actualidad como si de centrales nuevas se tratara. El importe global sobretribuido podría ser próximo a los 30.000 millones

Existe jurisprudencia de la Audiencia Nacional que permitiría considerar que la prescripción se habría producido en 2014, afectando en consecuencia tanto al último gobierno del PSOE como al actual del PP

La Plataforma se plantea denunciar el caso a la Comisión Europea por Ayuda de Estado Ilegal, que no ha prescrito.

En todo caso el Gobierno goza de herramientas legislativas que permitirían revertir la situación de forma inmediata, con ahorros en el recibo eléctrico de en torno al 9%

 

El pasado domingo, el diario El País publicaba que la Fiscalía Especial contra la Corrupción ha iniciado una investigación sobre el que sería el caso de corrupción de mayor importe económico de los destapados hasta la fecha en la historia de España: la prescripción de la obligación por parte de las empresas eléctricas de devolver 3.400 millones de euros en concepto de exceso de cobro de Costes de Transición a la Competencia (CTCs). 

 

 

 

 

La investigación deriva de una denuncia presentada en julio de 2013 por la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME), un colectivo formado por más de 300 organizaciones y 2.700 personas, unidas por un modelo energético sostenible, basado en las energías renovables, el ahorro, la eficiencia y la soberanía energética.

 

La denuncia es, en realidad una ampliación de otra presentada un mes antes con el apoyo de cerca de 100.000 firmas recabadas en menos de 48 horas en la que se instaba a la Fiscalía a investigar los posibles delitos de prevaricación y/o tráfico de influencias por parte de expolíticos contratados con relevantes retribuciones en los órganos de administración y dirección de las empresas eléctricas. 

 

A pesar de que la denuncia original fue archivada rápidamente por la Fiscalía, al entender ésta que los hechos “no alcanzaban el ámbito penal, sino que respondían a criterios de política económica e industrial”, hemos conocido a través de los medios de comunicación que la ampliación sí ha sido considerada por Anticorrupción, que ha iniciado una investigación que incluye la toma de declaración de varios responsables públicos de la época.

 

El diario El País ha publicado un informe de la Abogacía del Estado fechado en marzo de 2008 que la Plataforma desconocía en el momento de presentar la denuncia y que resulta esclarecedor. En respuesta a preguntas muy concretas del entonces Secretario General de Energía, Ignasi Nieto, de si cabía la posibilidad de proceder a la liquidación de los CTCs, exigiendo la correspondiente devolución de las sobreretribuciones que se hubieran percibido así como de cuál sería, en su caso, el procedimiento para su cálculo, el Abogado General del Estado responde con claridad meridiana que 1/ sí procede la citada liquidación, 2/ el plazo de prescripción se extiende hasta junio de 2010 y 3/ incluso detalla el procedimiento de cálculo de las cantidades a liquidar.

 

Es más, esta semana el diario Cinco Días ha informado de que posteriormente a este informe llegó a elaborarse una propuesta de Orden Ministerial para efectuar la liquidación que no solo no llegó a ser publicada, sino que ni siquiera llegó a ser sometida a información pública.

 

Nos encontramos, por tanto, ante algo más que los indicios que teníamos hace un año: no cabe suponer olvido o negligencia en la presunta prescripción de la devolución de tan ingente cantidad de dinero. Es claro que hubo una decisión política de no proceder a la misma.

 

La portavoz estatal de la Plataforma, Cote Romero, ha declarado que el hecho cobra especial relevancia ante la situación de pobreza energética en la que se encuentran más de un millón de familias en España, que no pueden mantener su domicilio a una temperatura adecuada en invierno, “el importe prescrito, de nada menos que 93 € por ciudadano (impuestos incluidos), sería suficiente para sufragar los gastos esenciales de electricidad de la totalidad de familias afectadas por la pobreza energética durante un plazo superior a 4 años”.

 

El experto en el sector eléctrico y miembro de la Plataforma, Jorge Morales de Labra, ha declarado, por su parte, que no se trata exclusivamente de un asunto del pasado en la medida en la que las centrales que gozaron de semejante prebenda siguen hoy en día funcionando “y cobrando como si fueran nuevas, en un sistema que el Gobierno quiere hacernos creer que es competitivo pero que cada vez manifiesta más claramente los enormes defectos que atesora”. Morales considera que, de haberse liquidado correctamente los CTCs, el importe que nos habríamos ahorrado hasta la fecha los consumidores solo por este efecto se acercaría a los 30.000 millones de euros, equivalente al saldo vivo actual del denominado déficit de tarifa. En otras palabras, de no haberse otorgado estos privilegios a las eléctricas, podríamos encontrarnos con que no existiría el déficit de tarifa ni, por consiguiente, la hipoteca que tenemos incluida en nuestros recibos y que nos vincula con el mismo durante más de 15 años y que en la actualidad supone más del 10% del mismo.

 

El abogado voluntario de la Plataforma, Piet Holtrop, ha matizado que la prescripción de los CTCs podría no haberse producido en 2010.

 

En primer lugar, porque según asentada jurisprudencia de la Audiencia Nacional, las únicas liquidaciones de la Comisión Nacional de Energía que causan efectos reales y que pueden abrir la vía del recurso jurisdiccional son las definitivas, sobre la base de que hasta ese momento, el quantum de las mismas no se puede conocer con exactitud convirtiendo las liquidaciones anteriores (provisionales) en meros actos de trámite que pueden ser revisados (AN 17/07/2013 Sección 4ª; 28/11/2012 Sección 4ª; 9/04/2014, Sección 4ª, 15/06/2011 Sección 4ª; 5/03/2014 Sección 4ª; 16/04/2014 Sección 4ª, 26/02/2014; entre otras muchas). Atendiendo a este criterio, la liquidación de los CTCs, que correspondía al año 2006, no se produjo hasta el 27 de julio de 2010, por lo que los cuatro años a los que se refiere por la Ley General Presupuestaria (15.1.a) para la prescripción habrían concluido el 27 de julio de 2014, por lo que el actual Gobierno podría tener responsabilidad en los hechos.

 

En segundo lugar, Holtrop ha manifestado que, en su opinión, el informe de la Abogacía del Estado que hemos conocido esta semana abriría la puerta a que la Comisión Europea calificara las sobre retribuciones como Ayudas de Estado ilegales, que no tienen plazo de prescripción y cuya devolución, en consecuencia, aún podrían ser exigida a los beneficiarios.

 

Morales, por último, ha recordado que el Gobierno recientemente ha aprobado (RD 413/2014) una normativa sobre las instalaciones renovables, cogeneración y residuos que, partiendo de una supuesta rentabilidad razonable global, tiene en cuenta los cobros obtenidos por las plantas desde su puesta en servicio para ajustar en función de éstos los ingresos futuros. Nada impediría que las centrales que gozaron de los CTCs y que, recordemos, en su día se construyeron bajo condiciones regulatorias que garantizaban la recuperación de la inversión inicial, fueran sometidas ahora a una regulación análoga a la aprobada por las renovables que, si bien no obligaría a la devolución inmediata de las sobreretribuciones percibidas, sí podría abaratar sustancialmente (en torno a un 9%) el recibo eléctrico actual mediante la reducción de los ingresos actuales de las plantas.

 

Las consideraciones efectuadas sobre los plazos de prescripción y la posibilidad de presentar los escritos correspondientes, de información ante la Fiscalía y de denuncia ante la Comisión Europea, serán sometidas a la votación de la asamblea abierta del nodo de Madrid de la Plataforma convocada para el próximo lunes, 24 de noviembre a las 19 horas en Media Lab Prado.

 

 

Más información:

 

La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético agrupa a personas, colectivos sociales, partidos políticos, organizaciones empresariales, sindicatos y organizaciones ambientales por la defensa de un cambio en el modelo energético basado en el ahorro, la eficiencia y las energías renovables.

 

Cote Romero (portavoz) 605 37 81 01

Jorge Morales (experto eléctrico) 606 94 25 14

Piet Holtrop (abogado) 637 05 21 35