Justicia de clases en España, acceso a la justicia como un lujo, parte II
A propósito de la huelga de jueces y fiscales prevista para hoy, aprovechamos para realizar un breve repaso de lo acontecido durante los meses que lleva en vigencia la Ley de Tasas Judiciales. La derogación de esta ley es una de las reivindicaciones de esta huelga, junto a la paralización inmediata del proyecto de reforma del CGPJ. El ministro de justicia, Alberto Ruíz Gallardón, después de la oposición de la comunidad judicial y ciudadanía, y en base al informe de la Defensora del Pueblo, finalmente ha decidido modificar parcialmente la ley, aunque a día de hoy se desconoce sobre qué extremos.
Sabemos que el informe de la defensora del pueblo recomendaba, en lo que nos puede atañer, reducir la cuantía de las tasas de la primera instancia civil y contencioso-administrativa, modular la cuantía de las tasas en función de la capacidad económica en el caso de las personas jurídicas y a fin de facilitar el acceso a los recursos en los distintos procesos. Además proponía la supresión de las tasas en el caso de procedimientos sancionadores. Asimismo, la Defensora del Pueblo, tiene hasta mañana de plazo para decidir si interpone recurso de inconstitucionalidad o no contra esta norma.
En este sentido, el Grupo Parlamentario Socialista interpuso ayer mismo recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la citada norma. También han anunciado su intención de interponer recurso de inconstitucionalidad la Junta de Andalucía y la Generalitat de Catalunya.
La primera entrega de este artículo se puede consultar aquí.