Autoconsumo, el Gobierno entorpece y la Comisión Europea pedirá explicaciones

El Gobierno ha vetado in extremis, a falta de 32 minutos para que venciera el plazo que tenía para ello, la Proposición de Ley sobre medidas urgentes de fomento del autoconsumo eléctrico presentado por todos los partidos de la oposición. Dentro del argumentario del Gobierno para vetar la Proposición de Ley se reitera de nuevo el impacto presupuestario negativo por la menor recaudación de IVA, del impuesto especial sobre la electricidad y de los peajes. Añade además que el autoconsumo no constituye una medida de ahorro ni de eficiencia energética porqué entiende que la energía consumida es la misma y que sólo cambia su origen (propia o de la red), y que supone un impacto en la seguridad del sistema eléctrico.

Respecto del argumento de la menor recaudación, nos remitimos a lo que ya expusimos en El Periódico de la Energía en el mes de enero. Allí poníamos de manifiesto que los cálculos del Gobierno estaban basados en datos erróneos y que no se habían tomado en consideración otras vías de ingresos que genera el autoconsumo, como son el IVA derivado de la puesta en marcha de nuevas instalaciones, la venta de instalaciones o la recaudación del IRPF de trabajadores, entre otros.

Ahora el procedimiento irá a la Mesa del Congreso, dónde es previsible que se levante el veto, pues el Partido Popular no tiene mayoría. Así, la Proposición de Ley irá al Pleno y seguiría su curso de tramitación.

Por otro lado, la Comisión Europea nos ha trasladado esta semana sus impresiones respecto de la Denuncia que presentamos el 15 de diciembre de 2015 contra el RD de autoconsumo. Denunciábamos como la actual norma de autoconsumo supone una violación de la Directiva 2012/27/UE de eficiencia energética, la Directiva 2003/96/CE de imposición de los productos energéticos y de la electricidad, la Directiva 2009/28/CE sobre energía renovable y la Directiva 2009/72/CE de mercado interior de la electricidad.

La buena noticia es que la Comisión aprecia que el actual procedimiento administrativo que tiene que seguir un autoconsumidor, particularmente para aquellos que no vayan a verter a la red, podría ser contrario a Derecho Europeo y en consecuencia pedirá explicaciones al Ejecutivo. Entre lo absurdo del proceso de legalización se encuentra la necesidad de tener que pedir una doble autorización a la empresa distribuidora, algo inaudito en Europa y muchos otros países dónde una simple notificación se considera suficiente para conectarse a la red. Todo ello atentaría, entiende la Comisión, contra el art. 13.1 de la Directiva de energía renovable y el art. 7.3 de la Directiva de mercado interior de la electricidad, que prevén la necesidad de instaurar procedimientos simplificados de autorización.