El Gobierno autoconsuma la ilegalidad con el Impuesto al Sol
Por fin llegó el 11 de abril de 2016, fecha en que vence el plazo para que las instalaciones de autoconsumo eléctrico existentes antes de la entrada en vigor del Real Decreto 900/2015 se adapten a la normativa, muchas de ellas realizando inversiones de varios miles de euros. La que según la Agencia Internacional de la Energía representa la normativa de autoconsumo más restrictiva del mundo ya está aquí. Eso sí, sin normativa de desarrollo. En estos seis meses, el Gobierno no ha aprobado ni los procedimientos de operación ni las instrucciones técnicas necesarias para poder aplicar el Real Decreto 900/2015. Ni siquiera el registro telemático está en marcha desde el primer día, sino que pasaron 4 meses hasta que entró en funcionamiento.
Por esto, decenas de entidades y un buen número de Gobiernos autonómicos y locales, pidieron al Gobierno una prórroga en la entrada en aplicación del Real Decreto 900, hasta que se desarrollase la reglamentación técnica. Por momentos parecía que el Gobierno entraría en razón, pero finalmente no ha sido así. Al menos hasta ahora. Porque aunque la norma haya entrado en vigor, se puede aprobar la prórroga todavía.
De hecho, el propio Gobierno reconoce las carencias de este Real Decreto, que discrimina a los autoconsumidores eléctricos frente al resto de consumidores. Por eso, ha anunciado que tiene intención, por un lado, de no aplicar el Real Decreto para las instalaciones existentes de autoconsumo que se usen para desalar agua, y por el otro, modificar el artículo 5 de cara a las nuevas, una vez que haya un nuevo Gobierno.
¿Y mientras tanto, qué? Pues por el momento, ya podemos decir que la inmensa mayoría de autoconsumidores de España aún no están inscritos en el Registro de Autoconsumo. Según los datos públicos del Registro para hoy, sólo hay inscritas 31 instalaciones del tipo 1 de menos de 10 kW, 90 de tipo 1 de más de 10 kW y 161 de Tipo 2. En total 282. El resto, continúan en un limbo legal, peleando con las compañías distribuidoras para intentar conseguir el punto de conexión y exponiéndose a unas multas desproporcionadas.
Llegados a este punto, en el plano político sólo cabe seguir insistiendo en la prórroga y presionar para que no se apliquen las sanciones hasta que no se desarrollen las normas técnicas necesarias para poder poner en marcha el Real Decreto en condiciones. Pero sobre todo, lo importante ahora son los recursos judiciales. Visto en perspectiva, creo que todos los que recurrimos el Real Decreto 900 hemos de felicitarnos. Por un momento parecía que este Real Decreto nunca entraría en vigor y que no era necesario recurrirlo. Pero por prudencia, muchos decidimos recurrirlo. Y menos mal. Porque ahora, el frente judicial es la principal baza que nos queda ante un Gobierno en funciones que hace oídos sordos a los movimientos sociales, la oposición política, las patronales del sector y los Gobiernos autonómicos y locales.
El recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto ya está admitido a trámite en el Supremo y nuestra denuncia contra España ante la Comisión Europea también siguen su curso. Un Real Decreto que, a nuestro juicio, choca frontalmente contra el Derecho Europeo y contra la propia Ley del Sector Eléctrico aprobada por el PP. Por eso, mientras no se deroguen las trabas al autoconsumo, los recursos no serán retirados.