El pasado 26 y 27 de octubre estuve en el IV Congreso Europeo de Movilidad Eléctricay, durante el mismo, el Secretario de Estado de Energía, Daniel Navia nos anunció que desde la Dirección General de Energía habían enviado a la CNMC el nuevo borrador del Real Decreto que modificaría el Real Decreto 647/2011, por el que se regula la actividad del gestor de cargas del sistema para la realización de servicios de recarga energética. He estudiado el borrador, que podéis consultar en este enlace, en el cual las mejoras más relevantes son sin duda las simplificaciones anunciadas en su propio preámbulo. Coinciden estas mejoras tanto con las reivindicaciones que planteamos en la mesa de trabajo en el marco del plan PIRVEC, como con las que ha planteado AEDIVE.

Son seis estas mejoras.»

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«El abogado Piet Holtrop, uno de los impulsores de la denuncia, define las ayudas que cuestiona desde la Plataforma como «ilegales, recibidas principalmente por las centrales de gas y carbón desde 1997 para que sigan funcionando y en un contexto de sobrecapacidad del sistema eléctrico». Holtrop califica de «buena noticia y algo lógico» la apertura del expediente. 

Un informe de la Universidad de Comillas detalla qué razones concretas llevaron a aprobar los pagos que cuestiona Bruselas y que sufren los usuarios en la parte fija del recibo eléctrico (el termino de potencia). Esas razones son «la rápida incursión de las energías renovables a partir del Plan de Fomento de Energías Renovables 2011-2020; la evolución negativa de la demanda de electricidad debido a la crisis incurrida en España; la limitada capacidad de intercambio por las conexiones internacionales y la notable incorporación de ciclos combinados en una época en la que se preveía una creciente demanda eléctrica». El informe añade «la no posibilidad de hibernación (cierre temporal)» de esas centrales. 

Todos esos factores generan una situación de sobrecapacidad del sistema y dejan a las centrales térmicas como garantes del sistema en apoyo de las tecnología renovables. Pero con una realidad dura, de horas de funcionamiento a la baja y con una situación económica imposible. 

Se enciende de nuevo la vieja polémica en torno a las responsabilidades y la cuestión de quién facilitó los excesos de inversión que ahora pagan los consumidores y que cuestiona Bruselas.» 

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Por su parte, Piet Holtrop, abogado especializado en energías renovables y fundador de Holtrop SLP Transaction & Business Law, nos ha ratificado que sí, que le consta que el “impuesto al sol” se ha empezado a cobrar y que parece ser que se trata sobre todo de instalaciones de autoconsumo de explotaciones agrícolas en la zona de LLeida. En cualquier caso, recuerda que esta tasa no es aplicable a la mayoría de las instalaciones, que son áquellas cuya potencia contratada es inferior o igual a 10 kW y que están eximidas de este cargo según el RD 900/2015.

Piet Holtrop, también abogado voluntario de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, nos ha insistido que el cobro de este cargo es una actividad irregular desde el punto de vista del derecho, y por lo tanto impugnable, ya que primero es necesario que se apruebe un Procedimiento de Operación que defina y regule cómo se tiene que recaudar. Aunque otras fuentes nos han dicho que hay cargos establecidos transitorios hasta que se apruebe.»

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Bruselas seguirá estudiando estos mecanismos para determinar si pueden tratarse de ayudas de estado concedidas a las compañías eléctricas. Lo hará, además, por la denuncia presentada por la Plataforma por un nuevo Modelo Energético (Px1NME) y el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDAMA) ante Comisión Europea para que estos pagos sean considerados ayudas públicas ilegales, lo que obligaría a las compañías eléctricas a devolver todo lo recibido a las arcas públicas.»

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En este caso, la Plataforma ha denunciado los pagos por capacidad del sistema eléctrico español.

Esta denuncia informa a la Comisión de la existencia de los pagos por capacidad, una serie de mecanismos de pago a las compañías eléctricas en el mercado español que consideran “violan el Derecho de la UE relativo a las ayudas de Estado, son desproporcionados y no obedecen al interés general”. “No hay justificación a que los consumidores tengamos que pagar estos sobrecostes”, señalan desde estas organizaciones.

Los mecanismos de pago denunciados consisten en ayudas de Estado a la producción de energía con el objetivo de garantizar la disponibilidad del suministro. Buena parte de estos pagos los perciben las centrales de ciclo combinado, que perciben un dinero por estar disponibles para el sistema, aunque gran parte del año estén apagadas.»

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Durante la jornada, se ha puesto de manifiesto que uno de los grandes problemas actuales para la apuesta de empresarios y particulares por las energías renovables es la falta de seguridad jurídica en el sector de las renovables en España, que ha afectado dramáticamente a la economía y la vida de inversores particulares y que está frenando la transición hacia un modelo energético más sostenible. “El desarrollo fotovoltaico no ha sido ordenado ni planificado”, ha apuntado José Mª González Moya, director general de APPA, asociación de empresas de energías renovables. “Y ahora llevamos casi 3 años sin avanzar, a pesar de que la energía fotovoltaica está llamada a ser la energía del futuro”, ha añadido Moya.

Dramático es el caso de César Vea, autor de un cortometraje que denuncia esta inseguridad jurídica. “En 2007 confié en los gobiernos de este país, invertí en renovables y me cambiaron las reglas del juego a mitad del partido. Me siento estafado, humillado y arruinado”, ha explicado Vea. Es una de las 60.000 familias afectadas a las que Piet Holtrop, abogado referente en el sector de las energías renovables, ha lanzado un mensaje alentador: “se pueden alcanzar sentencias firmes favorables gracias a la tutela judicial efectiva, recogida en el artículo 24 de la Constitución Española”.»

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Hay PPAs para energía, certificados verdes o potencia, donde el comprador se compromete a pagar por un volumen de energía contratado, independientemente de que este sea consumido o no, y también PPAs donde no hay opción de compra final, sino que es un puro arrendamiento financiero. Existen asimismo otro tipo de arreglos.»

Piet Holtrop estuvo en el Ateneo de Energía junto a otros expertos en la materia resolviendo dudas sobre esta novedosa modalidad contractual. Para saber más sobre lo que se explicó en la jornada puedes pinchar aquí.

«El impuesto al sol, la falta de ayudas públicas, los SWAP, una especie de cláusulas suelo endosadas a los productores de renovables… Invertir en España en energías limpias puede convertirse en un suplicio e incluso acabar con juicios de por medio.

Por eso, un despacho de abogados de Barcelona ha creado ‘Equanimity litigation’, una plataforma de financiación colectiva para ayudar a que los ciudadanos con menos recursos también tengan acceso a la justicia.

«Cuando eres demasiado pequeño, el coste de un litigio al daño que tienes puede ser prohibitivo», explica Piet Holtrop, abogado.»

Para ver la entrevista que nos hizo la sexta, podéis pinchar aquí.

España es terreno abonado. En el país funcionan ya algunos como Therium o Equanimity. Therium se fundó en 2009 en Londres y ha llegado a España. Como Equanimity, impulsado entre otros por el abogado Holtrop y centrado en las reclamaciones de inversores fotovoltaicos a través de swaps, son conocidos como los third party funding.  Son una especie de terceros en discordia  -o concordia, depende del punto de vista- que han visto en España un interesante espacio de negocio.»

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En este artículo, publicado en el Colegio de Ambientólogos de Catalunya (leer aquí), Daniel Pérez explica las deficiencias regulatorias que hacen que en el sistema actual de bono social las personas con pobreza energética no se puedan beneficiar de él, y en cambio, otras personas que no están en esa situación, sí que lo hagan. 

Dicho informe asegura que el autoconsumo eléctrico tendría un impacto negativo en las cuentas del Estado. Según la SSE, habría un “impacto asociado por menor demanda y por tanto menor precio en el pool eléctrico”, entre otros.

“Es increíble, nunca he visto nada igual procedente de un Gobierno”, afirma Jorge Morales de Labra, vicepresidente de la Fundación Renovables. “Penaliza tanto el ahorro directo como el inducido”, afirma Morales. “Lo que nos está diciendo el Gobierno es que no va a aprobar ninguna medida que haga bajar el precio de la luz porque recaudaría menos. Es una salvajada”.

En palabras parecidas se muestra también Daniel Pérez, socio del bufete Holtrop. “El informe del Gobierno, que no cita fuentes, tiene en cuenta solo una cara de la moneda como es la supuesta reducción de ingresos, y no la otra, que el el incremento de los ingresos fiscales que genera el autoconsumo (venta de instalaciones, IRPF de trabajadores, etc). Por no hablar del incremento de las rentas disponibles que tendrían los consumidores si se abaratara la electricidad”, afirma el abogado.

“¿Alguien se imagina a un Gobierno criticando la bajada del precio del petróleo porque cobrará menos impuestos?”, se pregunta Daniel Pérez. “A que no”, apostilla.»

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